Marruecos invade España,
La ciudad de Ceuta con 90 mil habitantes es invadida desde marruecos por cercade 85 mil personas en 48 horas. El servicio de Inteligencia de España ha detectado a varios terroristas, a personas que estaban excarceladas en marruecos con antecedentes penales.
Muchos ciudadanos españoles se preguntaban por qué el Gobierno no aplicaba el principio de reciprocidad con Marruecos, por qué no llamaba a consultas al embajador marroquí para exigir explicaciones sobre lo ocurrido, o incluso por qué no consideraba suspender temporalmente las relaciones políticas ante una situación que percibían como una grave afrenta.
La Constitución Española deja claro que, ante una invasión, España tiene la obligación y el deber de defender su territorio y expulsar a los invasores de forma inmediata. Lo sorprendente es que el Gobierno de España niegue lo evidente, argumentando que no se trata de una invasión, mientras exalta al Gobierno marroquí y a su rey. Ante esta actitud, la gran mayoría de los españoles sospecha que el rey de Marruecos está chantajeando al presidente del Gobierno con información grave obtenida a través del caso Pegasus.
Por otra parte, la presencia de más de 3.000 menores ha llevado al Gobierno a manifestar su intención de contactar con las familias para proceder a su repatriación. Sin embargo, esta postura choca directamente con la legislación española y el marco jurídico de la Unión Europea. La normativa vigente en España establece que, ante el desamparo o abandono de un menor, la tutela se transfiere de forma automática al Estado, mientras que los progenitores deben responder ante la justicia, enfrentándose a posibles penas de prisión. Ante este escenario, un amplio sector de la ciudadanía cuestiona la aparente asimetría legal, no alcanzando a comprender por qué esta conducta no se tipifica como delito cuando es cometida por ciudadanos marroquíe.
Hoy le pregunté a un ciudadano mallorquín que trabaja para mi hijo si en Marruecos es común el abandono familiar. Me respondió que en absoluto. Sin embargo, me explicó que cuando el Gobierno de España otorga protección o asilo a un menor no acompañado, se abre la posibilidad de iniciar un proceso de reagrupación familiar.
Según su perspectiva, una vez que la familia se establece en España, si no logran incorporarse de inmediato al mercado laboral, pueden acceder a diversas ayudas sociales. Me comentó que un matrimonio con hijos puede llegar a recibir más de 1500 euros mensuales en prestaciones (lo que equivale a unas cinco veces el salario mínimo en Marruecos), además de subsidios para cubrir el alquiler, los suministros básicos como luz y agua, conexión a internet y vales de alimentación, junto con la cobertura médica universal de la Seguridad Social. Todo esto SIN TRABAJAR, concluía que, debido a la gran diferencia económica con su país de origen, esta situación se convierte en una meta muy atractiva para muchas familias marroquíes. Vaya el sueño de muchos.
Mientras que a cualquier ciudadano europeo se le aplica todo el peso de la ley —incluyendo la pérdida de la patria potestad y penas de prisión— en casos de abandono filial, existe una doble vara de medir cuando el infractor pertenece a ciertos colectivos las autoridades se tapan los ojos, lo premian y lo subvencionan. Es la vieja norma de la izquierda y de los narcogobiernos latinoamericanos: las leyes solo se aplican a conveniencia.
